La ciencia ha funcionado así durante el último medio siglo: unos científicos descubren un tratamiento contra un cáncer, otros investigadores revisan que los datos sean correctos y los resultados finales se publican en un estudio en una revista académica. Si no se publica, no es ciencia. El sistema, sin requisa, se ha transformado en los últimos abriles. Ya no son los lectores los que pagan para percibir los estudios, sino que son los propios autores los que pagan para que sus investigaciones se publiquen en revistas digitales de ataque extenso a todo el mundo. Un reunión de científicos, encabezados por la experta alemana Stefanie Haustein, ha calculado ahora el bulto de negocio del “oligopolio” que controla este nuevo mercado. La comunidad científica, principalmente con fondos públicos, pagó unos 1.000 millones de euros a las cinco grandes editoriales en cuatro abriles, solamente con las tasas para difundir los estudios con ataque extenso, según esta estimación.
Es una burbuja a punto de estallar. Las instituciones públicas que invierten en ciencia exigen desde 2021 que los estudios se publiquen con ataque extenso. Y los científicos son juzgados por el número de estudios que publican, en evaluaciones prácticamente al peso de las que dependen sus sueldos, sus ascensos y sus presupuestos para seguir investigando. Este sistema, conocido como “publica o muere”, ha desembocado en un negocio ingente con incentivos perversos para producir cada vez más estudios insustanciales: las editoriales ganan más mosca y los investigadores engordan su currículum sin esfuerzo. El comprobado más prolífico de España, José Manuel Lorenzo, director de investigación del Centro Tecnológico de la Carne de la Xunta de Galicia, firmó 176 trabajos el año pasado, uno cada dos días, incluso en temáticas ajenas, como la mandato hospitalaria de la viruela del simio.
El equipo de Stefanie Haustein, de la Universidad de Ottawa (Canadá), ha pasado “abriles” recabando datos del periodo 2015-2018. Según sus cálculos, la editorial británica Springer Nature se llevó la longevo parte del pastel, con unos 550 millones de euros, seguida por la holandesa Elsevier (207 millones), la estadounidense Wiley (107 millones), la británica Taylor & Francis (72 millones) y la además estadounidense Sage (30 millones). El sociólogo francés Pierre Bataille candela “vampirización de la investigación” a estas tasas exigidas para que un estudio esté adecuado con ataque extenso, denominadas oficialmente “cargos por procesamiento de artículos”. Los autores o sus instituciones tienen que retribuir un promedio de más de 2.500 euros por cada trabajo.
El estudio de Haustein revela que dos revistas científicas, Scientific Reports y Nature Communications, acapararon estos ingresos, con casi 100 millones y 67 millones de euros, respectivamente. Ambas pertenecen a la editorial británica Springer Nature, controlada al 53% por el Grupo Holtzbrinck, una empresa normal alemana fundada tras la Segunda Extirpación Mundial por Georg von Holtzbrinck, un nazi arrepentido. Esta editorial es propietaria del prestigioso semanario Nature, pero además de otras 4.600 revistas. El examen de Haustein constata que Scientific Reports y Nature Communications son dos megarrevistas convertidas en máquinas de crear beneficios mediante las tasas de ataque extenso. Scientific Reports es la revista que más estudios publica en el mundo —casi 22.000 trabajos el año pasado— y cobra 2.190 euros por cada uno. Nature Communications publica unos 7.500 artículos al año y exige 5.390 euros por cada uno de ellos. En la alhaja de la corona, la revista Nature, el precio roza los 10.000 euros.
Stefanie Haustein considera “obscenos” los márgenes de beneficio de las principales editoriales, “que alcanzan entre el 30% y el 40%, muy por encima de la mayoría de las industrias”. La investigadora pone el ejemplo del gigantesco holandés Elsevier, que el año pasado publicó 600.000 estudios, una cuarta parte de ellos en ataque extenso. Los ingresos anuales de Elsevier alcanzan los 3.335 millones de euros, con 1.260 millones de beneficio, según sus cuentas de 2022. “Esto significa que por cada 1.000 euros que la comunidad académica gasta en difundir en Elsevier, unos 380 euros van a los bolsillos de sus accionistas”, expone Haustein.
La investigadora alemana señala las paradojas del flagrante sistema. La comunidad científica paga para difundir sus propios estudios y por otra parte trabaja gratuitamente para las editoriales, revisando los trabajos de otros colegas. Como colofón, las instituciones siguen pagando suscripciones anuales para poder percibir las revistas que no son de ataque extenso. “Esto significa que la comunidad académica tiene que retribuir para penetrar al contenido que ha proporcionado gratuitamente. Y, encima, el notorio genérico se encuentra con un pared de plazo, cuando a menudo son sus impuestos los que financian esos estudios y su publicación. Es un maniquí insostenible que agota los presupuestos de investigación en todo el mundo”, zanja Haustein, que publica sus resultados en la revista de la Sociedad Internacional de Informetría y Cienciometría.
La autora advierte de que estas cinco grandes editoriales han triplicado desde 2018 su número de estudios en ataque extenso y han encarecido sus precios, así que el compra flagrante estará muy por encima de los 1.000 millones de euros. Encima, han aparecido otros actores, como la editorial MDPI, fundada en Suiza por el químico chino Shu-Kun Lin y acusada de bajar el listón para aumentar sus ingresos. Aproximadamente uno de cada seis estudios españoles se publican ya en revistas de MDPI. La investigadora Lin Zhang, de la Universidad de Wuhan (China), ha calculado que la comunidad científica de tan solo seis países —Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Noruega— paga unos 1.900 millones de euros cada año a una docena de editoriales para difundir con ataque extenso.
Una portavoz de Springer Nature, Susie Winter, considera que el nuevo examen utiliza datos “muy desactualizados” y una metodología “deficiente”, ya que no tiene en cuenta los descuentos y exenciones de las editoriales, por ejemplo, los destinados a científicos de países con menos medios. La misma fuente sostiene que “la razón principal” de los mayores ingresos de Springer Nature es que el reunión apostó por el ataque extenso antaño que sus rivales. La editorial británica publicó casi 85.000 estudios con ataque extenso en 2018, según sus cuentas, frente a los 33.000 de Elsevier.
El químico Luis González, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que el cálculo de 1.000 millones de euros en cuatro abriles se queda “cortísimo” respecto al desembolso flagrante. El profesor ha tumbado sus propias cuentas en España. “Empecé a estudiar este asunto porque me estaba costando mucho mosca difundir mis resultados en las revistas buenas. Los gastos de publicación se comían la medio de mi presupuesto para investigar”, recuerda. González subraya que las universidades españolas y el longevo organismo castellano de ciencia, el CSIC, van a retribuir unos 110 millones de euros entre 2021 y 2024 a tres editoriales —Elsevier, Wiley y Springer Nature— para difundir estudios de ataque extenso en ellas.
Los gastos de publicación se comían la medio de mi presupuesto para investigar
Luis González, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
El catedrático de la Complutense insiste en que existen alternativas. En campos como las matemáticas y la física, un suspensión porcentaje de estudios se publica primero en Arxiv, un repositorio ventilado por la Universidad de Cornell (EE UU). “Anunciar en Arxiv es completamente sin cargo para los autores. Los gastos, unos 14 euros por artículo, se cubren mediante donaciones de la universidad y fundaciones”, señala González. Las revistas académicas suelen aducir sus altas tasas en que un equipo de expertos independientes revisa los estudios antaño de publicarlos, pero el catedrático recalca que estos revisores no cobran. “Los científicos hacemos gratuitamente el trabajo de revisión para Nature y para todas las revistas. El incremento de costes no hay por dónde cogerlo. Parece mentira que nos hayan endosado este sistema a un cuerpo de personas con la máxima formación. En realidad estamos en la inopia”, lamenta González.
La portavoz de Springer Nature, en cambio, sostiene que el nuevo examen “ignora los costes asociados a la publicación de artículos de investigación primaria [con datos originales]”. La portavoz cita las cifras manejadas por James Butcher —exvicepresidente de Springer Nature y ahora consejero en la firma estadounidense Clarke & Esposito—, que contabilizó 147 editores contratados en la revista Nature Communications, a los que hay que sumar asistentes, informáticos, abogados, contables, publicistas, etcétera. Según Winter, sus tarifas reflejan esos costes y otros diversos, como las mejoras en sus plataformas tecnológicas.
Haustein argumenta a las críticas. “Si los editores creen que nuestras estimaciones no son exactas, agradeceríamos que publiquen sus datos y sean transparentes. Su yerro de transparencia es precisamente lo que ha hecho que nuestro trabajo sea tan flemático y difícil. Nuestra metodología es muy exhaustiva y sólida, con estimaciones asaz conservadoras”, expone la profesora. Haustein señala que los costes reales de publicación de un estudio oscilan entre 185 y 920 euros, según los cálculos del avezado ario Alexander Grossmann. “Para comparar, Nature Communications cobró de media más de 4.000 euros entre 2015 y 2018 y ahora cobra 5.390 euros”, apunta.
Dos investigadores españoles avivaron el debate en julio con una carta abierta enviada a la mismísima revista Nature. La misiva se titulaba: “Anunciar sin retribuir: utilice los repositorios institucionales”. En ella, Isabel Bernal, de la Pelotón de Bienes de Información Científica para la Investigación del CSIC, y Pandelis Perakakis, de la Complutense, explicaban su maniquí cíclico: el de Psicológica, la revista insignia de la Sociedad Española de Psicología Práctico, que hasta el año pasado gestionaba la editorial alemana De Gruyter y ahora se publica con ataque extenso en el repositorio institucional del CSIC. Los gastos de publicación de cada estudio rondan los 30 euros.
“Nuestro caso demuestra que es un maniquí factible, pero faltan algunas piezas, como los incentivos a las comunidades académicas”, afirma Perakakis. La Agencia Franquista de Evaluación de la Calidad y Justificación (ANECA), guardiana de la calidad de la universidad española, acaba de difundir una propuesta para modificar los criterios de evaluación de los investigadores, con el objetivo de dejar de fallar sus publicaciones al peso. El psicólogo Pandelis Perakakis considera que es “un paso en la dirección correcta”, para dejar antes “el sistema de revistas de plazo y publicación posible”. El investigador pica una alerta: “Me temo que, como ya ha ocurrido en el pasado, si no canalizamos correctamente este momentum, el futuro podría ser aún más umbrío que el presente”.
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